El 25% de los salarios ya se destina a pagar deudas familiares mientras Tucumán posterga medidas de alivio aplicadas en otras provincias

Los últimos indicadores del Banco Central de la República Argentina (BCRA) revelan un escenario crítico para las finanzas hogareñas: la carga mensual para el pago de préstamos alcanzó en abril el 24,1% de la masa salarial, un valor elevado en la comparación histórica. Mientras provincias como Salta, Córdoba, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires ya implementaron planes de desendeudamiento con tasas subsidiadas y plazos extendidos para sus habitantes, en Tucumán la situación se agrava con estadísticas que duplican el promedio nacional de morosidad en el norte del país. Pese a este contexto, los proyectos presentados en la Legislatura local por los parlamentarios como Alfredo Toscano y Silvia Elías de Pérez para asistir a trabajadores y familias sobreendeudadas aún no logran ser tratados en el recinto.

El sistema financiero argentino registra niveles de mora y refinanciación inéditos. Según el Informe de Estabilidad Financiera del BCRA, “la participación de las refinanciaciones del crédito al sector privado mostró una tendencia creciente desde fines de 2024, principalmente en el segmento de familias”. El saldo refinanciado representa actualmente el 3,2% del stock total de crédito a los hogares, lo que significa que el volumen de préstamos renegociados se duplicó en apenas seis meses, alcanzando el punto más alto de la serie histórica que se mide desde el año 2010.

Este fenómeno se traduce en una presión financiera creciente sobre los ingresos. El organismo detalló que “mientras el monto destinado al pago de deuda se mantuvo prácticamente estable en términos reales entre octubre y abril, los ingresos utilizados como referencia registraron una leve caída real, lo que sostuvo la presión de los compromisos financieros sobre las familias”. En promedio, un deudor que combina obligaciones con bancos y proveedores no financieros debe unos $7 millones.

El contraste federal

Ante la escalada de la mora, diversas administraciones provinciales activaron medidas de alivio. Salta lanzó una línea especial con el Banco Macro para que empleados públicos reestructuren deudas con tasas preferenciales, buscando “garantizar, en este difícil contexto, el bienestar de quienes día a día sirven a nuestra provincia”, señaló el gobernador Gustavo Sáenz. Por su parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó un programa de desendeudamiento que ofrece créditos con una tasa nominal anual fija máxima del 35% y un plazo mínimo de devolución de 24 cuotas mensuales. Otras provincias como Santa Fe implementaron el "Plan de Protección de los Ingresos", mientras que Corrientes destinó más de $130.000 millones para refinanciar deudas con tarjetas en hasta 12 cuotas fijas. En Misiones y Córdoba, los bancos públicos regionales también habilitaron mecanismos de consolidación de deudas en un solo pago mensual para mitigar el impacto del sobreendeudamiento.

La realidad tucumana presenta matices de mayor gravedad. Un informe de la consultora Analytica, sobre la capacidad de pago revela que más de 400 de cada 1.000 tucumanos registran deudas personales. Con un 32,4% de la población endeudada y un monto promedio de $656.000 por deudor, la provincia se ubica en una región donde la fragilidad de los ingresos dificulta el cumplimiento de las obligaciones bancarias.

Frente a esto, en la Legislatura local existen propuestas para abordar la problemática que aún aguardan su tratamiento en comisión. El vicepresidente segundo de la Cámara, Alfredo Toscano, presentó un proyecto para establecer un régimen especial de financiamiento para empleados públicos con ingresos de hasta seis salarios mínimos. Entre sus fundamentos, señala que “8 de cada 10 personas poseen algún tipo de deuda” en la provincia y que la iniciativa busca “frenar el sobreendeudamiento mediante la intervención del Banco Macro S.A. en su carácter de agente financiero de la Provincia”.

El programa contempla un esquema de “hasta seis cuotas sin interés para cancelar los saldos de tarjetas de crédito emitidas por el Banco Macro S.A. a empleados públicos estatales”. Para evitar que el pago de deudas asfixie el ingreso mensual, el proyecto estipula que “los descuentos por créditos no deben superar el 25% de los ingresos netos del empleado público”. El programa tendría una duración de dos años desde su promulgación.

Toscano justifica la urgencia de esta ley basándose en la crítica situación económica y financiera de los hogares tucumanos. Además, advierte que la mayoría de los agentes estatales enfrentan deudas que “asfixian su economía familiar”, ya que “la inflación registrada afecta la capacidad de pago de los empleados públicos frente a sus compromisos financieros preexistentes”.

Un aspecto central es el cambio en el uso del crédito, notando que los saldos de tarjetas “registran un uso creciente del crédito para la compra de alimentos”, por lo que se busca proteger a los sectores que usan el financiamiento para el “consumo básico”. La iniciativa pretende que el Banco Macro, en su carácter de agente financiero provincial, sea quien “absorba el costo financiero de estas cuotas como una medida de alivio social directa”, evitando que las altas tasas de interés agraven la situación de mora.

Alfredo Toscano.

El proyecto se apoya en preceptos constitucionales y de defensa del consumidor para combatir lo que define como un “desequilibrio sistémico” entre los bancos y las familias. Cita el artículo 42 de la Constitución Nacional, el cual establece que los usuarios tienen derecho “a la protección de sus intereses económicos, a una información adecuada y veraz, y a condiciones de trato equitativo y digno”.

Las iniciativas impulsadas por Elías de Pérez abordan la problemática del endeudamiento en Tucumán desde una perspectiva institucional y de diagnóstico, buscando que el Estado cuente con herramientas técnicas para diseñar políticas públicas basadas en evidencia. Sus planteos se dividen en un proyecto de ley para la creación de un observatorio especializado y un proyecto de resolución que insta al Poder Ejecutivo a tomar medidas concretas de prevención y acompañamiento.

El eje central de su propuesta legislativa es la creación del Observatorio Provincial de Endeudamiento de los Hogares (OPEH), concebido como un organismo para “relevar, sistematizar, analizar y difundir información relativa a los niveles de endeudamiento de la población a fin de contribuir a la formulación de políticas públicas orientadas a la prevención del sobreendeudamiento”.

Entre sus tareas principales se encuentran la elaboración de indicadores periódicos, la realización de diagnósticos, el diseño de herramientas de concientización y la asistencia técnica a organismos públicos. La autoridad de aplicación deberá establecer un sistema para medir, entre otros aspectos, la “proporción del ingreso comprometido en deudas”, el uso de mecanismos de refinanciación y la “incidencia del pago mínimo en tarjetas de crédito”.

Silvia Elías de Pérez.

Complementariamente, el proyecto de resolución busca que la Legislatura formalice una serie de pedidos al Poder Ejecutivo para abordar la urgencia de la situación, instándolo a que "analice, releve y aborde la problemática del endeudamiento de los hogares” en el marco de sus competencias. Recomienda implementar acciones de prevención que incluyan “iniciativas de educación financiera, acceso a información clara y promoción de decisiones informadas por parte de los usuarios”. En tal sentido, la parlamentaria opositora. sugiere crear lugares de acompañamiento para “brindar asistencia a los ciudadanos en la gestión de sus finanzas personales y en el acceso a herramientas disponibles para el manejo de sus obligaciones financieras”.

La legisladora fundamenta estas iniciativas en la crítica realidad social de la provincia, donde el crédito ha dejado de ser una herramienta de inversión para convertirse en una de subsistencia. Elías de Pérez advierte que relevamientos privados enfocados en Tucumán indican que “ocho de cada diez personas se encuentran endeudadas, reflejando un nivel de penetración del endeudamiento significativamente superior al promedio nacional”. Asimismo, como lo indicara Toscano, la referente del radicalismo en la Cámara, señala que el endeudamiento no se asocia a bienes durables, sino que está vinculado a la “financiación de gastos básicos de subsistencia, como alimentos y servicios esenciales”, convirtiéndose en un “mecanismo de supervivencia”.

La iniciativa introduce el concepto de “estrés económico”, describiéndolo como una situación donde las dificultades financieras afectan el “bienestar emocional, las expectativas y la toma de decisiones de los hogares”. La meta final es evitar que el endeudamiento se consolide como un “factor estructural de exclusión” y proteger la autonomía económica de las familias tucumanas. Sin embargo, al igual que una de las autoridades de la mesa del Parlamento, estas medidas de contención continúan bajo estudio sin definiciones legislativas inmediatas.